Hace unos días, la Oficina de Parques Nacionales Naturales lanzó una alerta general: había presencia de caimanes aguja en el parque nacional Tayrona, uno de los más famosos y visitados del país.
Un caimán reposando en algún lugar de una zona protegida, llena de turistas, puede representar un gran riesgo.
Y sí, ese peligro se hizo evidente: según dijeron autoridades y funcionarios del lugar, una menor habría sido atacada allí por un cocodrilo el pasado 20 de julio, cuando jugaba en el agua de una ciénaga. Por fortuna está a salvo.
Los hechos siguen siendo confusos. Pero mientras esta investigación avanza, los biólogos del lugar, sin desconocer el drama que esto supuso para una familia de la región, están complacidos porque estos animales volvieron a la zona luego de muchos años de ausencia. Allí debería haber miles, al fin al cabo es su hábitat y los humanos deben respetarlo.
El entusiasmo es porque se han avistado 13, en zonas como Los Naranjos, Cañaveral, Arrecife, El Cabo, Cinto, Gairaca y Chengue. Regresaron desde el mar, tal vez mientras buscaban lagunas costeras o medreviejas donde pudieran refugiarse, tener alimento y sitios para anidar. Es un indicador positivo, del buen estado de la zona de reserva, pero también un reto porque de no mantenerse las buenas condiciones ambientales, de la misma forma como vinieron puedes irse del lugar.
Más de una decena de individuos en una misma área protegida es un número importante para esta época en la que el Crocodylus acutus, como se le llama científicamente al caimán aguja, ha sido incluido en la lista negra de los animales en peligro crítico de extinción, según el Libro Rojo de Reptiles de Colombia.
Hace parte además del Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (Cites), que reúne a aquellas sobre las que se cierne el mayor grado de riesgo en el mundo.
de Fauna y Flora Silvestre (Cites), que reúne a aquellas sobre las que se cierne el mayor grado de riesgo en el mundo.
Aunque la caza del caimán aguja se prohibió con la resolución 573 de julio 24 de 1969, expedida por el desaparecido Instituto Nacional de los Recursos Naturales, la ley llegó tarde y poco o nada se respetó.
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