Para nadie es un secreto que la política internacional del gobierno de Canadá está soportada en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, hay un grupo de colombianos que dice sentirse agredido por esta concepción de los canadienses en su relación con el mundo.
No se trata —dicen ellos— de unos pocos militares retirados a quienes la Embajada de Canadá en Colombia no solamente les ha negado la visa para ingresar a ese país, sino que en ciertos casos la negativa ha estado acompañada de extensas cartas en las que se les señala de ser partícipes, cómplices y hasta responsables de crímenes de lesa humanidad.
Los señalamientos no necesariamente están soportados por procesos seguidos en el país o decisiones judiciales que afecten a los peticionarios de las visas. Inclusive, la Embajada se ampara en “fuentes abiertas y creíbles” para soportar sus argumentos de rechazo.
“Reportes de una fuente abierta y creíble implican a unidades del Ejército colombiano en las cuales usted sirvió, con crímenes escandalosos en contra de la humanidad...”. Ese es el tono de una carta enviada al coronel (r) Jesús María Vivas Mosquera a comienzos de mayo de este año.
Pero el comunicado va más allá al señalar que “dada la naturaleza de las posiciones que usted ostentó, los rangos obtenidos y el grado de los crímenes en contra de la humanidad cometidos por las unidades en las que usted sirvió es improbable que usted no haya sido consciente de los crímenes cometidos, haya tomado o no parte en ellos”.
La realidad es que, según los antecedentes consultados en la Fiscalía y la Procuraduría, el coronel Vivas Mosquera no tiene ninguna investigación. El único hecho que se conoce en su trayectoria es su mención en el escándalo por la fuga del mayor (r) César Alonso Maldonado Vidales, señalado de ser el autor intelectual del atentado contra el congresista Wilson Borja.
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