No por la justicia divina, sino por la colombiana. El pastor cristiano Luis Eduardo Barbosa, asesor del Distrito y quien forma parte del equipo de la Oficina para el Derecho de Libertad Religiosa, cuenta con una condena desde 2007 por un delito de falsedad en documentos. La pena ya no está registrada como antecedente ordinario, razón por la que él está habilitado para ser contratista de una entidad oficial.
El antecedente, que pocos conocían, salió a la luz en medio de la pelea que hay entre varios grupos de cristianos y seguidores de otros cultos, que cuestionan la labor de Barbosa al frente de la Oficina. La molestia se hizo evidente ayer, tras el foro Distrital de Derechos de Libertad de Religión, Culto y Conciencia, promovido por Barbosa y en el que supuestamente buscaba “la articulación y el reconocimiento multiconfesional”. Pese a ello, el programa no incluyó charlas sobre cultos diferentes a las religiones monoteístas.
El telón de fondo de toda la polémica es simple: una pelea entre organizaciones cristianas por el manejo de la Oficina para el Derecho de Libertad Religiosa del Distrito y el papel que cumple en ella Barbosa, quien tiene contrato como asesor de la Secretaría de Gobierno y junto a Mardori Llanos, Miguel Suárez y Héctor Vera se encargan de velar por la libertad de culto. Esta nómina, adscrita a la Subsecretaría de DD.HH., según el secretario de Gobierno Hugo Zárrate, no cuesta más de $100 millones al año.
En el foro de ayer se notó la ausencia de la Mesa Interreligiosa Asoemprendedores, a la que pertenecen representantes de los brama kumaris, krismas, budistas, judíos, musulmanes, luteranos, anglicanos y católicos. La razón quedó consignada en un comunicado en el que afirman que Barbosa desarmó el trabajo que se había adelantado, “para así favorecer a un solo sector y tener como idiotas útiles a los demás, para mostrar una falsa inclusión”. Los miembros de esta organización no esconden su molestia frente al trabajo de Barbosa.
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