El 27 de mayo fue un día de acusaciones en Venezuela. El alto mando político del gobierno de Nicolás Maduro, presentó unos supuestos correos de la exdiputada opositora, María Corina Machado, que confirmarían las denuncias de planes de magnicidio y golpe de Estado en contra del gobierno venezolano. El líder opositor, Henrique Capriles, acusó al gobierno de querer desviar la atención de la difícil situación económica: “El país camina al abismo económico y Nicolás sigue inventándose conspiraciones”, aseguró. En la tarde, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de sanciones a funcionarios venezolanos por supuestas violaciones de derechos humanos durante recientes manifestaciones antigubernamentales.
El paquete de sanciones, aprobado por voto cantado en el plenario y sin oposición, determina que el gobierno defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a Estados Unidos y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadounidense. El texto, que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, fue defendido por legisladores de los dos partidos, el oficialista partido Demócrata y el opositor Republicano.
Un texto similar, que determina sanciones a funcionarios venezolanos, ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y aún deberá ser sometido al voto en la cámara alta del Congreso estadounidense. En el caso de que los dos textos aprobados sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión que unificará las propuestas. Al presentar el proyecto, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que era necesario "”condenar los abusos a los derechos humanos en Venezuela y responder a los gritos de los venezolanos”.
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