Mientras la Corte Suprema se apresta a escuchar al excomandante paramilitar Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’ —a ver si revela sus vínculos con políticos y miembros de la Fuerza Pública en los Llanos Orientales—, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por una cruenta matanza protagonizada —precisamente— por ‘Llanos’ y sus hombres, al parecer con la ayuda de uniformados: la de 11 funcionarios judiciales en San Carlos de Guaroa (Meta), ocurrida el 3 de octubre de 1997.
‘Llanos’ ya fue condenado a 38 años de prisión por estos hechos. En dos fallos —conocidos por El Espectador— el Consejo de Estado sostuvo que por parte del Ejército“hubo un comportamiento negligente y descuidado en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que conformaban la comisión judicial para el momento del hecho dañoso”.
Según el alto tribunal, el Ejército incurrió en varios errores y puso en riesgo a los miembros de la comisión, que se encontraban realizando una inspección a la finca El Alcaraván, de propiedad del narcotraficante Gustavo Soto García. En cercanías a ese predio, las autoridades ya habían realizado dos operaciones contra Llanos, entre ellas el desmantelamiento de algunos de sus laboratorios de procesamiento de cocaína.
“Aun cuando se advirtió acerca de los peligros que suponía regresar por la misma ruta por la cual se había ingresado a la zona, el mayor del Ejército que estaba a cargo de la seguridad de la comisión (Juan Carlos Figueroa) hizo caso omiso a esta advertencia y decidió tomar la vía que se había utilizado inicialmente, circunstancia que constituye un error en el procedimiento militar y que sin duda contribuyó a la ocurrencia de los resultados fatales ya conocidos”, señaló el fallo.
A esto se suma que la Fuerza Pública se demoró cuatro horas en enviar refuerzos para repeler el ataque de los paramilitares, al parecer por negligencia de las autoridades, y hasta un día en recoger a los heridos. De acuerdo con los testimonios de algunos de los sobrevivientes, “de haberse brindado de manera oportuna el apoyo solicitado, seguramente se hubiere evitado el segundo enfrentamiento y con ello las consecuencias fatales ya conocidas”. La Fiscalía investiga al general (r) Jaime Humberto Uscátegui y al coronel (r) Luis Felipe Molano por su presunta responsabilidad en estos hechos.
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