La conclusión de una investigación realizada por la Auditoría General volvió a encender el ‘rifirrafe’ que han mantenido la Auditora general, Laura Marulanda y la contralora general, Sandra Morelli.
Un presunto detrimento patrimonial por 76,4 mil millones de pesos por el traslado de la sede de la entidad, de un edificio propio en el centro de la ciudad a otro en arrendamiento en el noroccidente, fue lo que halló la Auditora, quien dijo que habría riesgo de que los bienes de la contralora sean embargados. “La contralora violó el principio de planeación que deben guardar todas las actuaciones de los servidores públicos”.
Marulanda agregó que la contralora, “sin tener estudios que garantizaran que esa sede no cumplía con las normas de sismo resistencia y que no podía ser habitada, procedió al traslado, por el que se pagan 2.500 millones de pesos mensuales”.
Todo, porque se trata de un contrato de arrendamiento funcional, es decir, con todos los juguetes: desde sillas hasta el mantenimiento.
Todo, porque se trata de un contrato de arrendamiento funcional, es decir, con todos los juguetes: desde sillas hasta el mantenimiento.
Al respecto, Morelli indicó que, aunque no sabe con certeza qué se incluye en el monto establecido por la Auditora como detrimento, “estamos pagando 89.000 pesos por metro cuadrado, mientras que otras entidades pagan 290.000, en otro sitio”.
En consecuencia, la contralora destacó que “es un proceso que probatoriamente no podría progresar”.
En consecuencia, la contralora destacó que “es un proceso que probatoriamente no podría progresar”.
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