La semana pasada, la Policía de Bogotá informó que cuenta con 100 dispositivos de disparo eléctrico, que serán portados por policías de vigilancia en actividades contravencionales o en procedimientos para neutralizar delincuentes.
Según explicó la Policía, son dispositivos que emiten una “pequeña descarga eléctrica”, que no genera peligro latente de muerte o daños colaterales a las personas.
EL TIEMPO indagó en el contrato que firmó entre octubre y noviembre del año pasado la Policía Nacional, representada por general Luis Eduardo Martínez, con la empresa Eagle Commercial SA, cuyo representante legal es Arquímides Bonilla Vega, para la adquisición de las armas.
Se hizo mediante contratación directa, debido a que “solo existe una persona que pueda proveer el bien o servicio por ser proveedor exclusivo” de estas armas. En un principio, se compraron 78 dispositivos eléctricos por un valor, cada uno de, 4’475.280 pesos, y se compraron 66 cartuchos, con un valor cada uno de 125.976 pesos. En total, fueron 357’386.256 pesos.
Días después, la Policía Nacional hizo una adición a este mismo contrato. Se compraron 30 pistolas más y 352 cartuchos, lo que sumó 178’601.952 pesos. Así las cosas, la institución pagó 536 millones de pesos por estas armas.
Se hizo mediante contratación directa, debido a que “solo existe una persona que pueda proveer el bien o servicio por ser proveedor exclusivo” de estas armas. En un principio, se compraron 78 dispositivos eléctricos por un valor, cada uno de, 4’475.280 pesos, y se compraron 66 cartuchos, con un valor cada uno de 125.976 pesos. En total, fueron 357’386.256 pesos.
Días después, la Policía Nacional hizo una adición a este mismo contrato. Se compraron 30 pistolas más y 352 cartuchos, lo que sumó 178’601.952 pesos. Así las cosas, la institución pagó 536 millones de pesos por estas armas.
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